FISCALIDAD, CONTABILIDAD

Ni Lenin ni su dedicación a esta área de la tributación requieren presentación. Este ya consagrado investigador y profesor de Finanzas Públicas y Derecho Financiero de la Universidad de Los Andes, Doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, cuenta con una importante obra escrita, dentro de la cual destaca —precisamente— su producción científica en torno a la determinación tributaria, mereciendo especial mención su tesis doctoral, titulada De la liquidación a la autoliquidación en los ordenamientos tributarios de España y Venezuela , así como sus monografías sobre La autoliquidación y su incidencia en el sistema de aplicación de los tributos en España y El acto de liquidación tributaria. La determinación por la Administración tributaria . Como podrá notar el lector, son muchas horas de vuelo en lides determinativas las que hoy acumula en su trayectoria el Prof. Andara. El Prof. Andara estructura su estudio en nueve capítulos, en los cuales (i) introduce el trabajo, (ii) aborda las diversas modalidades de determinación, (iii) se ocupa de la determinación en el sistema tributario español, (iv) revisa la doctrina latinoamericana de la institución, para (v) enfocarse en la determinación por el sujeto pasivo, a propósito de lo cual se encarga de (vi) la inutilización de efectos timbrados, así como se adentra en (vii) los particulares de la autoliquidación, para acto seguido (viii) denunciar el uso errático de los términos autodeterminación y autoliquidación, y finalmente (ix) traer sus conclusiones sobre lo disertado. Tomado del prólogo de la obra escrito por Serviliano Abache Carvajal

En esta tesis analizo el gobierno de la obra hidráulica en la cuenca de México, principalmente el desagüe de Huehuetoca; la más grande obra pública en la América del periodo moderno. El estudio se aborda desde tres aspectos fundamentales: la negociación de los proyectos de obra hidráulica, la administración de los recursos fiscales asignados a ellos y la organización de la fuerza de trabajo que los construyó.

Planificar puede ser definido como el acto consciente de ordenamiento y diseño de una actividad o plan de acción orientado a la consecución de un resultado u objetivo específico. La planificación se orienta, en consecuencia, a la obtención de un plan de actividades con la mayor eficiencia posible según los objetivos que se persiguen al momento de su génesis.

Si bien toda actividad, para ser ejecutada eficientemente, resulta conveniente que sea sobre la base de una planificación previa, la realidad es que este documento se orienta a aquella actividad de planificación vinculada a la ejecución de negocios y, en este sentido, el diseño del método de trabajo puede orientarse a satisfacer diversos objetivos como ser (a) comerciales, (b) de marketing, (c) financieros, (d) operativos o (e) fiscales, entre otros.

El presente documento se orienta a conocer, y si se quiere determinar, las consecuencias fiscales de la ejecución de un plan de trabajo en uso de estructuras jurídicas foráneas que presenten ciertas particularidades: (a) ausencia de sustento de negocios en el exterior ; (b) dirección del negocio en jurisdicción diferente a la de incorporación de la entidad analizada; (c) regímenes fiscales preferenciales; (d) inexistencia de personalidad fiscal del vehículo bajo estudio, entre otras consideraciones salientes.

En este acotado marco de acción  encontramos el uso de personas jurídicas foráneas, generalmente consideradas “sociedades de personas” que por no ejecutar actividades en territorio de configuración, y por no poseer asiento específico en dicho país para el desarrollo de sus actividades, si bien cuentan con personalidad jurídica, a efectos impositivos no se les reconoce la calidad de sujeto pasivo de impuestos. Es en esta configuración que, ante ausencia de personalidad fiscal de la entidad foránea, el derecho fiscal de la jurisdicción de incorporación del ente solo visualiza, por imputación de renta, a los sujetos (personas humanas o jurídicas) participantes de la entidad bajo estudio.

Se presenta así el caso de (a) entidades constituidas en extraña jurisdicción; (b) donde su principal objeto es diseñado y ejecutado en otra ubicación (en el exterior); (c) donde los socios participantes de la estructura jurídica no califican como resientes fiscales en jurisdicción de la entidad señalada en (a) pero, adicionalmente, (d) es la propia entidad que, conforme derecho de jurisdicción de incorporación, queda habilitada a tener personalidad jurídica pero no es visualizada como sujeto pasivo de impuestos.

Esta situación se presenta con las LLC incorporadas en USA, ampliamente utilizadas por el contribuyente argentino, pero señalamos que las condiciones que sustentan la emisión de este documento también se presentan con otras formas jurídicas en diferentes jurisdicciones. De lo expuesto, lo señalado en este documento no será privativo o de aplicación exclusiva para usuarios de LLC incorporadas en USA sino que será aplicable para todas aquellas situaciones en las que:

(a) Se utilicen estructuras jurídicas foráneas sin sustancia operativa en el exterior y sin personería fiscal (por aplicación del Art. 2 Ley 11.683 – realidad económica);

(b) Se utilicen estructuras jurídicas foránea con sustancia operativa en el exterior pero sin personería fiscal (Art. 130, inc. e) Ley 20.628 y Art. 130, último párrafo, Ley 20.628);

(c) Se utilicen estructuras jurídicas sin sustancia operativa en el exterior pero con personería fiscal (por aplicación del Art. 2 Ley 11.683)

Por último quisiéramos señalar que si bien se vinculan las pautas operativas incorporadas por Ley 27.430 a la Ley 20.628 (Ley del Impuesto a las Ganancias), y asociadas a la Transparencia Fiscal Internacional , a la imputación de resultados de operaciones generados por formas jurídicas foráneas específicas que, como ser el caso de las LLC incorporadas en USA, y que por voluntad del contribuyente, carecen de personería fiscal , estamos frente a una imputación de resultados fiscales directos hacia el contribuyente conformante de la entidad foránea señalamos que este efecto es privativo (de aplicación exclusiva) cuando estamos frente a entidades y actividades reales pero sin personería fiscal.

Dicho esto, señalamos que la consecuencia jurídica en el plano fiscal derivada de la aplicación del Art. 130, último párrafo, Ley 20.638  es exactamente la misma que la derivada del principio de realidad económica dispuesto en el Art. 2 Ley 11.683 . De lo expuesto afirmamos que ya sea estemos frente a una forma jurídica foránea (persona jurídica) utilizada para negocios exclusivamente off-shore, sin sustancia, tenga o no personería fiscal en el exterior (por aplicación del Art. 2 Ley 11.638) como si estamos frente a una forma jurídica foránea con elementos materiales y humanos en el exterior (sustancia) sin persoría fiscal (por aplicación del Art. 130, inc. e) Ley 20.628) serán aplicables las reglas de contabilidad fiscal (en el marco de la Ley 20.628) que serán objeto de comentario en el presente documento.

El objetivo del presente documento es llevar conciencia respecto del método de trabajo que, obligatoriamente, deberá considerar el contribuyente ante el uso de este tipo de entidades que, según la motivación de su implementación, puede ser parte de una planificación de negocios internacional completamente legítima.

El principal problema que se advierte al enfrentarnos a este tipo de entidades es que se desconoce el impacto de las diferencia de cambio que forzosamente se generan desde la percepción hasta la disposición final de las divisas derivadas de su uso.

El presente documento es orientado a la técnica contable-fiscal que se deberá tener en cuenta exclusivamente cuando el participante (socio) sea persona humana calificado como residente a efectos fiscales en la República Argentina. En caso de que la tenencia corresponda a una persona jurídica las pautas deberán ser actualizadas a los efectos fiscales reconocidos para rentas determinadas bajo el criterio del Art. 2, inc. 2) Ley 20.628 (fuera del objeto del presente documento).

El presente artículo es redactado en octubre 2023, fecha en la que resulta sumamente cotidiano observar como contribuyentes, generalmente exportadores de servicios que desarrollan personalmente desde su hogar u oficina, calificados como residentes a efectos fiscales en territorio nacional argentino  utilizan sociedades incorporadas en extraña jurisdicción para, de esta forma, pretender evitar las obligaciones del régimen penal cambiario .

La actividad de exportación de servicios debe ser analizada desde el plan cambiario y desde el plano fiscal. Cada marco normativo presenta su propia definición y no son análogas pero, independientemente de ello, podríamos resumir señalando que se presenta cuando un sujeto ubicado en la República Argentina presta servicios para ser utilizados por un sujeto radicado en el exterior. En este caso, por dicha actividad, corresponde se apliquen normas fiscales formales y materiales (sobre emisión de comprobantes fiscales e imposición asociada) así como normas cambiarias (obligación de ingreso y liquidación de divisas).

La liquidación de divisas obligatoria, a tipo de cambio oficial (www.bna.com.ar) genera “un sobre costo” que, naturalmente, termina por erosionar significativamente la renta en términos reales del contribuyente exportador toda vez que el el valor de la divisa foránea, en el mercado financiero, a fecha de redacción de este documento, supera el doble del valor “oficial” de la misma.

La situación señalada lleva a que estos operadores (exportadores de servicios) ejecuten diversas prácticas que, independientemente de quién les hubiera “dado la idea” pueden someterlos a diversos ilícitos penales económicos . El ocultamiento de las rentas en billeteras electrónicas foráneas (al margen de sus riesgos), así como la omisión de facturación y el acuerdo con entidades no registradas para hacerse de divisas (“cuevas”) implica evasión tributaria , delito precedente del lavado de dinero. Todo como consecuencia de una exportación no liquidada lo que demanda entonces advertir las consecuencias en el régimen penal cambiario.

Quienes “inventen facturas a consumidores finales” no se encuentran en mejor posición que la situación descripta en el párrafo anterior toda vez que, en realidad, simulan operaciones y son generadores de comprobantes apócrifos pero, por sobre todo, siempre se trata de rentas reales que superan el monto habilitado para el régimen simplificado (monotributo) que es el vehículo jurídico con el que usualmente cursan su condición fiscal.

Sin intentar describir las diferentes “estrategias” que se ha visualizado convoca al exportador de servicios justo es decir que el uso de sociedades foráneas sin sustento operativo, al margen de los reparos que la situación, en mi opinión, presenta por tratarse de una clara hipótesis de abuso de derecho  cierto es decir que, declarada la sociedad ante la autoridad fiscal nacional, y declaradas las rentas que de ella se derivan (en realidad serían derivadas del uso de dicho vehículo pero con fuente en actividades personales) no habría hipótesis de evasión fiscal ni lavado de dinero. Por su parte, en el marco del régimen penal cambiario, soportados en el principio de tipicidad, existen voces que señalan la no penalización de la estrategia señalada  donde, a rigor de verdad, representan la mayoría de las opiniones expertas.

En este contexto, donde se podría admitir que “existen dudas” en relación a la infracción al régimen penal cambiario cuando, en uso de entidades jurídicas foráneas (LLC USA), el contribuyente “evita” liquidar divisas sosteniendo que se trata de “utilidades empresariales” , las normas fiscales argentinas evitan todo tipo de duda interpretativa dado que resuelven la situación sobre el principio de realidad económica  pero, por sobre todo, sobre la base de normas típicas de pautas de transparencia fiscal internacional .

Es en este contexto donde el exportador de servicios radicado en la República Argentina que decide cursar sus negocios por uso de una entidad foránea (pongamos una LLC incorporada en USA como ejemplo más común) entendiendo que la teoría del abuso del derecho no penetra el ámbito penal (Ley 19.359), pero desea dar cumplimiento a las normas fiscales asociadas a las rentas generadas que desarrollaremos el presente documento toda vez que, una vez decidido el uso de estas entidades, corresponde verificar a que obligaciones locales se somete el contribuyente.

Sobre este marco desarrollaremos nuestra opinión expresada de manera resumida dado que este documento no pretende ser un “manual de liquidación de impuestos” o “manual de contabilidad” para la señalada estructura de negocios sino, simplemente un elemento orientado a llevar conciencia al lector de la correcta práctica interna (contable y administrativa) una vez que se decide por el uso de estos vehículos jurídicos.

El ejercicio fiscal 2024 nos ha ofrecido un año especialmente motivante para todo tipo de inversiones financieras que, al igual de lo sucedido en el año 2023 (e incluso anteriores) se encuentra fuertemente motivado por intentar mantener el valor del pesos argentino frente a la devaluación constante de su cotización (oficial y financiera).

Sin embargo, a diferencia de otros ejercicios, hemos viste un crecimiento en los valores subyacentes de los títulos o instrumentos que cotizan en el mercado financiero de manera tal que el inversor ya no solo buscaba resguardo de su valor sino que, adicionalmente, se ha visualizado una oportunidad de obtener rentas reales por la simple inversión o arbitraje de instrumentos financieros.

Por último, cierto es que los últimos años hemos visto la proliferación de empresas tecnológicas que, en base al uso de herramientas informáticas, han resultado de una importante “inclusión financiera” a un sector de la sociedad que hoy, operando, obtiene rentas derivadas de instrumentos financieros (ya sean estas rentas periódicas o de capital).

Es en este contexto que un sujeto (contribuyente) puede encontrarse frente a la obligación de realizar y presentar su determinación en el impuesto a las ganancias dado que sus rentas obtenidas superan los mínimos legales (Art. 30 Ley 20.628) ya sea por la existencia sola de estas rentas o bien porque se suman a rentas que ya obtienen y también alcanzadas bajo el régimen general determinando en ello su obligación frente al régimen (Art. 1 DR 862-2019).

Es en este contexto que, sin pretender realizar un estudio exhaustivo de la regulación de rentas de segunda categoría en el impuesto a las ganancias y, puntualmente, lo que conocemos como “renta financiera” (Art. 2, inc. 4) Ley 20.628), deseo centrarme en las particularidades de la “contabilidad fiscal” que deberá mantener el contribuyente (con asistencia del asesor fiscal) dado que estamos frente a una economía con (a) partidas actualizables por IPC, (b) diferencias de cambio (no gravadas) .

Será, por tanto, nuestra principal orientación la reflexión sobre la necesaria contabilidad fiscal considerando las particularidades de una determinación tributaria en el contexto señalado y para un contribuyente que, entre otras cuestiones, ha realizado operaciones con instrumentos financieros tipificados en el Art. 2, inc. 4) Ley 20.628  (sin pretender abarcar el tratamiento fiscal de cada uno de ellos), así como un repaso de la estructura del gravamen para este tipo de rentas.

Dr. Sergio Carbone
Contador Público (UBA)

La tesis analiza el funcionamiento del gobierno jurisdiccional del Erario regio de Nueva España a partir de dos dimensiones indisociables: la “cuenta y razón” y el ejercicio de la jurisdicción contenciosa de Real Hacienda. Para ello, retomamos el análisis del gobierno de tres ramos: los tributos y servicio real, los derechos derivados de la distribución y venta del azogue (consumido y quinceno) y las reales alcabalas. Asimismo, el estudio se centra en tres órganos de la Real Hacienda: la Contaduría General de Tributos y Azogues, la caja real de Zacatecas y la Contaduría de Alcabalas de la ciudad de México.

En la primera parte del trabajo se analiza a profundidad los mecanismos de control contable ejercidos al interior de los tribunales antes mencionados. Los tres primeros capítulos de la obra abordan la gestión de los tributos, azogues y alcabalas desde el nombramiento de los distintos encargados a quienes se les delegaba la jurisdicción sobre cada ramo (comisarios de Real Hacienda, superintendentes y arrendatarios particulares), la recaudación de cada derecho y, finalmente, el proceso del juicio de la cuenta, que consistía en un acto de ejercicio de jurisdicción.

La segunda sección de la tesis está compuesta por tres capítulos en donde retomamos una amplia muestra de autos derivados de la gestión de cada ramo, ya fuesen por conflictos derivados del ejercicio de la jurisdicción de los comisarios de Real Hacienda o, fundamentalmente, derivados de los alcances presentados durante el proceso previo de la “cuenta y razón”. En esta parte del trabajo abordamos los juicios ejecutivos de deudas y, derivados de ellos, los distintos recursos a los que acudían las partes sentenciadas para revertir o moderar las sentencias de los jueces y tribunales de la Real Hacienda novohispana. Con lo cual, tenemos una aproximación integral a la dinámica procesal desplegada en el ejercicio de la jurisdicción contenciosa de Real Hacienda.

La AP de Badajoz dicta sentencia absolutoria basada en la nulidad de las pruebas sobre las que se construye la acusación, obtenidas mediante una inspección ilegalmente iniciada. El caso plantea también un interesante problema de prescripción de la obligación tributaria derivada de ganancias patrimoniales obtenidas por la aplicación de una cláusula penal retroactiva.

La situación generada por el virus COVID-19 provocó para el mundo una crisis no sólo en el ámbito de la salud, sino también en los contextos social, económico y normativo. Particularmente, el presente trabajo tiene por objeto indagar acerca de la exteriorización de los efectos patrimoniales, económicos, financieros y socio-ambientales en los estados contables de empresas en la Argentina al inicio de la pandemia.

Es importante reconocer que, en muchas pymes, el trabajo contable y tributario es realizado por una sola persona que puede tener o no tener experiencia o la capacitación adecuada para cumplir con estas responsabilidades de manera eficiente y efectiva. El trabajo de investigación va a analizar las necesidades de perfiles profesiones en el ámbito contable y tributario en las pymes del cantón La Maná. La muestra estudiada perteneció a 191 pymes constituidas en el cantón La Maná. Para ello, se utilizó un enfoque cuantitativo, con un alcance correlacional porque se relacionaron ambas variables y se aplicó un método de análisis factorial exploratorio. Los resultados arrojaron que existió correlación únicamente el cinco de seis factores establecidos dando un porcentaje acumulado del 83%. Finalmente, se concluyó que, los dueños o gerentes de las pymes deben optar por la contratación de personal capacitado para realizar sus procedimientos contables y tributarios porque puede ayudar a mantener los antecedentes financieros de la organización en orden y actualizados, cumpliendo con las obligaciones tributarias y evitar problemas incluyendo fraudes que puede ser una pérdida exponencial para las pymes.

El artículo analiza el papel de los jueces contadores generales de rentas reales en el gobierno del Erario regio de Nueva España. A partir de dos estudios de caso se elabora una aproximación a la dimensión jurisdiccional del erario real novohispano. Con este fin, se estudian las competencias, facultades y jurisdicción que detentaron los jueces contadores de alcabalas y de tributos, servicio real y azogues durante el siglo XVII.



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Volatilidad. Activo especulativo. Anonimato. Inestabilidad. No trazabilidad. Estos son algunos de los términos que aparecen en el universo de las monedas virtuales, todavía casi mundialmente desregulado (a excepción de algunos países). En nuestro país, el legislador ha comenzado por establecer obligaciones de suministro de información en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para reaccionar frente al fraude fiscal relacionado con las criptomonedas. La tercera Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal de 2021 (las anteriores fueron en 2006 y 2012) incluye tres tipos de obligaciones de suministro de información de carácter periódico con alcance en el IRPF. Dos corresponden a las entidades residentes en territorio español que prestan servicios de cambio de monedas virtuales y servicios de tenencia. Y la tercera corresponde al propio titular de monedas virtuales en el extranjero. Estas medidas son, en nuestra opinión, un esfuerzo loable pero que, como veremos, no van a resultar del todo eficaces. Primero porque el fraude fiscal en nuestro país, relacionado con las criptomonedas no ha sido cuantificado (ni creemos que pueda hacerse) con precisión. Ni siquiera se conoce con total certeza jurídica la fiscalidad de las criptomonedas, más allá de las contestaciones a las consultas de la Dirección General de Tributos (DGT). En las líneas que siguen analizaremos las obligaciones de suministro de información creadas por la Ley de 2021, su idoneidad, así como su eficacia en la prevención o lucha contra el fraude fiscal relacionado con las monedas virtuales.

En los últimos años, el mayor interés en las
Haciendas Locales, por parte de la doctrina, se ha
centrado en el Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en
adelante, IIVTNU), a raíz de los importantes pronunciamientos
del Tribunal Constitucional y del
Tribunal Supremo que, sin duda, han supuesto una
completa revolución para los órganos de gestión
tributaria de los entes municipales (y ni qué decir
tiene de las arcas municipales). Sin desmerecer la
importancia que dicho impuesto merece, sin embargo,
el resto de figuras tributarias parecen haberse
dejado a un lado y no han acaparado la misma
atención, a pesar de estar afectadas de múltiples
problemas, ya judicializados y, en consecuencia,
todos ellos necesarios de una urgente solución.
Alguno de estos problemas fue detallado, rigurosamente,
en el informe de la Comisión de expertos
para la revisión del sistema de financiación local,
de julio de 2017. Por todo ello, el objetivo de este
trabajo es centrar nuestro análisis en uno de los
impuestos locales menos conocidos, como es el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras (en adelante, ICIO) dirigiendo nuestro interés
a las cuestiones más candentes, pendientes de resolución
por parte de los Tribunales, a partir de los
recursos de casación admitidos por el Tribunal
Supremo

Este artículo tiene como finalidad analizar los últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo que están suponiendo una quiebra del clásico esquema de gestión compartida o gestión dual de los tributos locales, tal y como lo veníamos conociendo. En particular, nos centraremos en sus dos últimas sentencias de 3 de junio de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:1907; y ECLI:ES:TS:2020:1752), que, además de suponer una quiebra de dicho esquema, restringen la utilización del procedimiento de subsanación por la Administración catastral retrotrayendo sus efectos tributarios en aquellos casos en los que se utiliza con una finalidad distinta de la prevista en la Ley. Dichas sentencias, como veremos, tienen enorme relevancia especialmente en aquellos casos en los que la Administración tributaria municipal actúa también, en virtud de convenios de delegación de competencias, como Administración catastral. Supuestos en los que la bifurcación entre gestión tributaria y gestión catastral puede llegar a aparecer difuminada

En los últimos años la contabilidad se ha vuelto una herramienta indispensable para la empresa ya que tiene como finalidad obtener información necesaria para el cálculo de los impuestos y para dar cumplimiento a las obligaciones impuestas en la legislación, situación que no es del todo correcta, ya que su principal función es brindar información financiera para la toma de decisiones y de esta manera beneficiar al contribuyente; todo esto es posible siempre y cuando se apoye con el experto en el área, que es el contador. El contador no debe limitarse al conocimiento de leyes, códigos, resoluciones y demás instrumentos que emiten las autoridades fiscales; ni quedarse en un área de confort en la cual los sistemas electrónicos proporcionen la información contable y sobre todo limitarse a cumplir con todas las exigencias del contribuyente cuando este proponga acciones que violenten las normas; tiene el deber conocer ampliamente la Contabilidad que es la materia prima y aplicar la parte humana, en específico la ética y la responsabilidad social sin importar si son profesionistas independientes o dependientes, del sector público o privado o si se dedica a la docencia. Recordando aquella frase "No hace falta contador para llevar contabilidad" o aquella "No se necesita contador para pagar impuestos" en parte podemos decir que estas freses tiene algo de cierto, ya que con la implementación del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), tuvo como resultado que los contribuyentes que tributan en este régimen durante dos años tuvieran una exención del 100% de los impuestos federales, son Impuesto sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); es por esto que este grupo de contribuyentes durante un tiempo no tomó mucha consideración en llevar en orden una contabilidad. Es por lo que el contador debe conocer a fondo cuales son las obligaciones fiscales y contables de la empresa y que es lo que pasa si la autoridad encuentra que se realizaron operaciones fuera de la norma. Por otra parte, el contador debe ser ético, ya que las planeaciones fiscales se hacen afectando a terceros, situación que no debe suceder, ya que no se trata de tomar decisiones para pagar menos impuestos, sino de pagar lo justo. © Giancarlos Aguilar flores Datos del autor: estudiante universitario del segundo ciclo en la facultad de comunicación y ciencias administrativas de la universidad privada san juan bautista. nacido el 8 de octubre del 2001 en Chincha Alta-Perú.

El que una persona se aproveche de información privilegiada a la que tiene acceso en razón del cargo que ocupa en una empresa, obteniendo así beneficios para sí o para terceros, no es una práctica del todo extraña en la dinámica del mercado de capitales. Sin embargo, el tema del abuso de la información privilegiada no deja de ser polémico y de encontrar vacíos, en lo que a su regulación se refiere. Para aportar a una mayor comprensión de la figura dellnsider Trading, el autor nos muestra los beneficios y desventajas de su prohibición. Luego, nos indica cómo se ha regulado ésta práctica en nuestro país en comparación con una legislación más severa, como la norteamericana. Por último, veremos como esta regulación se refleja en la jurisprudencia administrativa nacional que no está exenta de errores en cuanto a su correcta aplicación.

- ACCESO A LA INFORMACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA
POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CASO
NICARAGUA
- LA CONTABILIDAD CREATIVA EN NICARAGUA
- ANÁLISIS JURÍDICO SOBRE EL INCREMENTO DE
PATRIMONIO NO JUSTIFICADO EN EL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA EN EL ÁMBITO NICARAGÜENSE
- LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y SU
INCIDENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
NICARAGÜENSE

El objetivo de la investigación es determinar la importancia de la auditoría forense como una herramienta para la detección de la evasión fiscal. Con esta finalidad,  se  estructuró  un  estudio  cuantitativo  de  alcance  descriptivo  cuyo  método fue el deductivo; el diseño utilizado fue el no experimental, transversal descriptivo y se desarrolló una encuesta tipo Likert. Los resultados muestran que los agentes inmersos en la fiscalización son conscientes de las característi-cas de la evasión fiscal y de los requerimientos mínimos que debe ostentar este proceso para minimizar su ocurrencia; no obstante, este servicio de la hacien-da pública exhibe una serie de necesidades que se constituyen en la causa de la presencia de este fraude financiero; ante esta situación, la muestra estudiada manifiesta que la auditoría forense se erige como un instrumento para fortalecer los controles. Se concluye, que la auditoría forense se presenta como una herramienta para las instituciones encargadas de la gestión de los tributos, con la cual se pueden obtener pruebas y evidencias acerca de la consumación de este tipo de fraude financiero.

Retención alquiler.-Habrá que retener cuando se paguen rentas por el arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos. Da igual si se trata de un arrendamiento o subarrendamiento. Pero sí debe recaer sobre un inmueble urbano, no rústico. Si el arrendador es una persona física, el inquilino le retendrá a cuenta de su IRPF. Si es una persona jurídica, la retención será a cuenta del Impuesto sobre Sociedades. Rentas excluidas de retención sobre el alquiler No estarán sujetos a retención: • El arrendamiento de vivienda realizado por una empresa para sus empleados. • Las rentas satisfechas a un mismo arrendador que no superen los 900 euros anuales. • Las rentas satisfechas a un arrendador que nos entregue un certificado de exención emitido por Hacienda. Puede conseguir este certificado si se dedica al arrendamiento de vivienda y locales y dispone de inmuebles por un valor catastral superior a 601.012,10 euros. Como inquilino debes asegurarte de que el arrendador te entrega un certificado actualizado en cada ejercicio. • Las rentas derivadas de contratos de arrendamiento financiero. • Las rentas satisfechas a entidades de utilidad pública ya que están totalmente exentas en el Impuesto sobre Sociedades. (no se les debe retener a cuenta de un impuesto que no pagan). ¿Quién debe retener? Las personas jurídicas y demás entidades, incluidas las comunidades de propietarios y las entidades en régimen de atribución de rentas (comunidades de bienes, sociedades civiles…). Los contribuyentes que ejerzan actividades económicas, cuando satisfagan rentas en el ejercicio de sus actividades. (Yo, Paco, alquilo un local para asesoría). Los particulares no están obligados, en ningún caso, a practicar retención. (Yo, Paco, alquilo un local como almacén-sin negocio-o para guardar el coche).

El caso de LACC número 109-S04 es la versión en español del caso de HBS número 9-104-071. El caso se elaboró a partir de fuentes publicadas y recurre extensamente a R. Beresford, Nicholas de B. Katzenbach y C.B. Rogers, Jr., «Report of Investigators», Comité de Investigación Especial del Consejo de Administración de WorldCom, Inc., 31 de marzo de 2003. Las referencias a este informe se identifican mediante letras que remiten a información en las notas finales. Los casos de HBS se desarrollan únicamente para su discusión en clase. No es el objetivo de los casos servir de avales, fuentes de datos primarios o ejemplos de una administración buena o deficiente. Copyright 2004, 2005, 2007 President and Fellows of Harvard College. No se permitirá la reproducción, almacenaje, uso en planilla de cálculo o transmisión en forma alguna: electrónica, mecánica, fotocopiado, grabación u otro procedimiento, sin permiso de Harvard Business School. Última edición: 15/12/10 R O B E R T S . K A P L A N D A V I D K I R O N

O Imposto Industrial (II) incide sobre os lucros obtidos no exercício de qualquer actividade de natureza comercial ou industrial, ainda que acidental. São consideradas sempre de natureza comercial ou industrial as seguintes actividades: • Exploração agrícola, aquícola, avícola, silvícola, pecuária e piscatória; • Mediação, agência ou representação na realização de contratos de qualquer natureza; • Exercício de actividades reguladas pelas entidades de supervisão de seguros e supervisão de jogos, pelo Banco Nacional de Angola e pela Comissão de Mercado de Capitais; • Sociedades cujo objecto consista na mera gestão de uma carteira de imóveis, participações sociais ou outros títulos; • Fundações, fundos autónomos, cooperativas e associações de beneficência. As pessoas colectivas que tenham sede ou direcção efectiva no estrangeiro e estabelecimento estável no país, serão tributados em imposto industrial: • Lucros imputáveis ao estabelecimento estável aqui situado • Lucros imputáveis às vendas no país, de mercadorias da mesma natureza das vendidas pelo estabelecimento estável • Lucros imputáveis a outras actividades comerciais no país, da mesma natureza, ou de natureza similar, das exercidas pelo estabelecimento estável. As pessoas colectivas que tenham sede ou direcção efectiva no estrangeiro, quando não possuam estabelecimento estável no país, são tributadas em imposto industrial, à taxa liberatória, através do regime de tributação de serviços acidentais. O sistema de tributação tem por base os lucros mundiais, como tal, as pessoas colectivas que tenham sede ou direcção efectiva no país serão tributadas em imposto industrial pela totalidade dos lucros obtidos, quer no país, quer no estrangeiro.

Curso: Noveno Semestre Paralelo " B " TEMA: " ANÁLISIS DE LOS CASOS ENRON Y PARMALAT " 1.-ANÁLISIS DEL CASO ENRON ¿Qué? El caso Enron es uno de los casos de fraude corporativo más famosos de los últimos tiempos todo esto debido al gran éxito que llego a tener esta empresa en su momento, constituyéndose como una de las diez empresas más grandes de Estados Unidos y declarada por la revista Fortune como la empresa más innovadora del periodo comprendido entre 1996 – 2001, el éxito de esta empresa se daba a niveles monumentales y se la llego a considerar como el nuevo modelo de empresas, con más de 60 billones en activos según sus balances parecía una empresa inquebrantable. Este fraude se dio gracias a un modelo contable que aplicaba esta empresa llamado " market to market " o en español " valor hipotético futuro " este sistema les permitía que puedan cotizar los valores de sus inversiones a largo plazo según su perspectiva, esto quiere decir que la empresa podía modificar los datos a su conveniencia, así lo hicieron y pese a que estas inversiones eran prácticamente apuestas con el valor del gas y derivados la empresa parecía siempre ganar y además de esto ocultaban sus deudas, esto les sirvió para captar la atención de inversionistas e incluso que sus propios empleados inviertan en la compañía esperando recibir ganancias, lo cual no paso ya que luego saldría a la luz el verdadero estado en el que se encontraba la empresa a nivel financiero llevándola a su fin. ¿Cómo? El primer paso que la empresa dio para llegar a su catástrofe final fue influenciar dentro del gobierno estadounidense ya que contaban con personas cercanas allí lograron aprobar la desregularización del gas y sus derivados, esto se refiere a que las compañías que se dedicaban a la venta de estos como es el caso de Enron podían estimar sus precios de acuerdo a las fluctuaciones del valor en el mercado, además este fue uno de los casos más sonados por la influencia de una familia del gobierno estadounidense para beneficio de una compañía ya que Bush (padre) había concedido billones de dólares en subcontrataciones de gas y sus derivados del gobierno con la empresa Enron. Luego de esto la empresa empezó a negociar sus futuros inventarios de gas como si fueran acciones entonces tenían corredores de petróleo quienes se dedicaban a realizar estos negocios a nivel mundial, se descubrió que dos de sus corredores Borget y Mastroeni hacían malversaciones de fondos esto ya que una auditoría descubrió que se

"Con cada nueva noticia en la historia de Enron una conclusión queda cada vez más clara. La mayor quiebra en los Estados Unidos no fue solamente el resultado de la mala suerte o de la deshonestidad individual. El colapso fue posible solamente por las fallas en el modo como el capitalismo norteamericano ha venido funcionando en la última década".1 Un poco de historia Enron era hasta el año 2000 la más grande compañía de electricidad del mundo. Creada en 1985 de la fusión de Houston Natural Gas e Internorth, alcanza en 1999 ventas consolidadas por US$40.112.000.000, obteniendo una utilidad neta de US$893.000.0002. En el año 2000, los ingresos más que duplicaron los del año anterior, bordeando los US$100.000.000.000. Ese mismo año Enron es clasificada como la 6a.compañía más grande del mundo. En Agosto de 2000, la acción es transada a US$90,56, alcanzado su máximo histórico.

REFORMA FISCAL EM ANGOLA A reforma fiscal que está em curso assenta em cinco pilares: (i) reforma do sistema tributário, (ii) reforma da administração tributária e da (iii) justiça tributária, (iv) revisão dos encargos parafiscais e o (v) estabelecimento de convenções internacionais para evitar a dupla tributação. Pese embora os diplomas legais que procedem à reforma ainda não tenham sido publicados, apresentamos, de seguida, uma breve síntese das principais alterações que se prevêem.

Las campañas antialcohólicas después de la Revolución mexicana tuvieron inicialmente una preocupación político social, generar al mexicano laborioso y sin vicios, sano de cuerpo y espíritu y libre de pensamiento y acción. Luego devinieron en políticas fiscales para ajustar aranceles, regular la importación y exportación de licores, así como un conflicto social por desplazar el pulque, el aguardiente y los destilados de uva por la cerveza y la venta clandestina de alcohol. El relato se inserta en la famosa ley Volstead, los movimientos prohibicionistas en EEUU y la Unión de Temperancia de Mujeres Cristianas (WCTU)

El autor se plantea el papel que tienen las NIIF en el ordenamiento fiscal peruano. Luego de reseñar conceptualmente las normas contables, establece los sistemas de determinación de la base imponible para encontrar el rol que tienen las NIIF en cada uno de estos sistemas. Luego evalúa el sistema vigente en la Ley peruana, para luego plantear el rol de estas reglas contables. Finalmente, se plantea la cuestión de si las NIIF pueden ser consideradas fuentes del Derecho Tributario o si son aplicables como normas supletorias.

La palabra "fuente" significa el lugar de donde nace o fluye una corriente o caudal de agua, en forma figurada "fuente" es el origen o nacimiento de algo. En este sentido, las fuentes del Derecho son los orígenes o formas de nacimiento de esta ciencia. Tradicionalmente el Derecho ha tenido y actualmente, tiene como fuentes, las siguientes *